El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicará hoy jueves a las 12.00 horas a la presidenta de Junts, Laura Borrásla sentencia por supuestamente haber fraccionado contratos para favorecer a un amigo, el informático isaias herrerocuando ella dirigía la Institució de les Letres Catalanes (ILC), organismo que depende de la Conselleria de Cultura, según han asegurado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.
La solicitud fiscal seis años de prisión, 21 años de inhabilitación y multa de 146.000 euros a Borràs por un delito de prevaricación y falsedad documental. De conformidad con el pacto alcanzado antes del juicio con la defensa de Herrero, la acusación pública rebajó la petición de pena para él de seis años de cárcel a dos años, más inhabilitación por un periodo de seis años y cuatro meses y multa de 2.100 euros , y también para el tercer imputado, el empresario Andreu Pujol, es decir enfrenta un año y dos meses de prisión, inhabilitación de cuatro años y tres meses y multa de 2.250 euros. En ambos, se aplica el atenuante de la confesión. Sus abogados han avalado esta modificación.
En un momento de presentación este miércoles del candidato de Junts en Badalona para las elecciones municipales, Laura Borràs ha afirmado, respecto de la sentencia que conocerá este jueves tras el juicio por corrupción: «Veremos mañana que pasa. Ya le dije [al magistrado Barrientos] en mi alegato final que yo continuaría trabajando por mi país fuera cual fuera la sentencia. Este es el mensaje que di públicamente entonces y os digo hoy aquí». «A mí no me hace callar ni Barrientos, que lo ha intencionado», ha añadido irónicamente, información Fidel Masreal.
La confesión
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El juicio estuvo marcado, precisamente, por el acuerdo alcanzado entre los abogados de Herrero y Pujol con la fiscalía después de que los dos cumplieran con lo acordado y señalaran directamente a Borràs. El primero admitió ante el tribunal que la presidenta de Junts «sabía», le daba instrucciones y se ponían de acuerdo los dos para fraccionar los contratos por servicios informáticos que le iba encargando desde la ILC y que, por ello, presentaba el presupuesto real, que sería el que se aprobaría, y otros dos «comparsas» o falsos. En total, 18 tratos que no deberían superar los 18.000 euros cada uno, el límite para otorgarlos a dedo, y por una importación global de 336.000 euros (324.000+ iva), entre 2013 y 2017, recalculó Herrero durante la vista.
El abogado de la defensa, gonzalo boye, desgranó pendante el juici sus argumentos sobre la presunta vulneración de derechos basices, como la presunción de inocencia o el secreto de las comunicaciones. De esta manera, puso en duda la cadena de custodia de los correos electrónicos incriminatorios incautados y de la investigación en su conjunto. «Se ha pasado del ‘a por ellos’, al ‘a por ella'», aludió, poniendo en duda las pesquisas y apoyando la teoría de la supuesta persecución política hacia el líder de Junts. «Hemos pasado de la patada en la puerta, a la patada al servidor», espeto.
