Mandó a la Comisión de Disciplina a Rizzi y Anzoátegui, que llamaron «sicarios» a los médicos que interrumpieron el embarazo de una nena violada.
El Consejo de la Magistratura de la Nación pasó a la Comisión de Disciplina las denuncias contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, quienes habían llamado «sicarios y asesinos a sueldo» a los médicos que practicaron un aborto legal a una niña violada que junto a su madre pidieron interrumpieron el embarazo.
En noviembre pasó la Comisión de Acusación del Consejo había propuesto desestimar todas las denuncias contra los magistrados y cambio, que se comprometió a hacer el curso de la Ley Micaela, que planteó la capacitación en perspectiva de género. ¿Hubiera tenido sentido ese curso -breve- para dos jueces que hablan de «ideología de género»?
Este miércoles, ya pedido de la diputada Vanesa Siley, el Plenario del Consejo votó el pase a la Comisión de Disciplina para que continúe con la investigación sobrio Anzoátegui y Rizzi «acusados de ejercer violencia de género sobre una menor de edad a través de un fallo bochornoso», Dijo Siley.
“La Comisión de Disciplina aprovecha para generar un precedente importante que ya deja claro que estas conductas violentas no se toleran -de uno Clarín Aída Tarditti, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). Cómo jugar me avergüenza que los jueces de la democracia utilicen sus fallos para discriminar y denostar actividades autorizadas por la ley aunque no las compartan».
«Un hecho de mayor gravedad»
El 31 de agosto de 2020, el Juicio contra un varón de 33 años, acusado de abusó sexualmente de su media hermana durante una década, desde los 4 hasta los 13 años, cuando quedó embarazada y su hermano le dijo que la llevaría a hacerse un aborto. Aterrada, la chica le contó a su mamá y juntas denunciaron al hermano por abuso y solicitaron una Interrupción Legal del Embarazo, que se hizo en un hospital,
El 24 de septiembre se dieron a conocer los fundamentos de la condena. El imputado había sido sentenciado tiene 35 años de prisión porque a los abusos reiterados a su hermana sumaba que había asesinado a un vecino de la pensión donde vivía. En la resolución, además de fijar la pena, Anzoátegui y Rizzi dispusieron extraer testimonios para investigar la comisión del delito -por parte de la chica violada- de «homicidio» u «homicidio prenatal».
Los magistrados escribieron que La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue un hecho similar o de mayor gravedad que los delitos cometidos por el imputado.
El aborto en Argentina es legal por causal desde hace más de cien años. El Código Penal de 1921 lo permite en violaciones o si el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, niña o adolescente.
Pero estos jueces consideran que la ILE será un «asesinato», y que los profesionales que la habían practicado eran «sicarios», «asesinos a sueldo». Llame también al protocolo de la ILE del Ministerio de Salud de la Nación «Protocolo de homicidio parental» o «Protocolo de la salvajada».
«Contra los derechos humanos de las mujeres»
Días después, la Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, junto a Julieta Arosteguy, pidieron la remoción: «Los Jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi incurrieron en una causal de remoción al desconocer en su sentencia que el aborto del embarazo de una niña víctima de violación NO ES DELITO en Argentina, sino una opción legal que requiere una práctica médica legal siempre y cuando sea sancionado. Considere que este tipo de pronunciamientos judiciales atentan abiertamente contra los derechos humanos de las mujeres».
«Me parece una obscenidad que los jueces de Argentina se refieran a un enfoque de derechos humanos as el enfoque de género as ‘ideología de género’, que lo muestre como discrecional, como posicionamiento de un movimiento político siendo que desde hace 29 años el enfoque de género ha ingresado en el bloque constitucional dentro de los compromisos argentinos por la igualdad», explica un Clarín Soledad Deza, al frente de Mujeres x Mujeres.
«El Consejo de la Magistratura es el órgano que tiene la potestad de controlar la administración de justicia a través de los procesos como el juicio politico. Que validen este tipo de cosas en este contexto en el que las nuevas derechas repercuten también en el escenario electoral me parecería tremendo. En consecuencia Me parece muy bueno que pase a la Comisión de Disciplina“, agregó la abogada sobre la decisión que tomó este miércoles el Consejo.
Separación de la iglesia y el estado
Allá Defensa General de la Nación también denunció a los jueces Rizzi y Anzoátegui: «Los magistrados incurrieron en prácticas revictimizantes respecto de la niña – constitutivas de un trato cruel, inhumano y degradante, además de discriminatorio-; y ordenó el inicio de un nuevo proceso penal para que se investigue la decisión de la víctima de interrumpir el embarazo, medida fundada en convicciones religiosas de los magistradoseso implicó un claro apartamiento, por parte de ambos, de la vigilante legislación en nuestro país”, escribe la defensora Stella Maris Martínez.
«Los jueces aludieron a la existencia de sujetos poderosos y malignos, aprovecharon por cantos de sirenas o demonios, en un derroche de retórica con claros ecos bíblicos, impropia de una resolución judicial dictada en los tribunales de un Estado de Derecho laico –escribió la defensora-. Con el regreso de la democracia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad religiosa es incompatible con la confederación. esta neutralidad en materia de creencias espirituales tiene como finalidad garantizar que cada persona sea libre de adoptar sus propias cosmovisiones».
