Los más jóvenes tal vez no han escuchado el estribillo de ese temazo de Jaume Sisa, «casa meva és casa vostra / si és que hi ha / cases d’algú», que el cantautor escribió en las postrimerías del franquismo. Lo curioso es que en Catalunya para tener un piso o casa de propiedades es la norma. Mientras, un piso de alquiler es menos habitual. De hecho, durante mucho tiempo, se considera su aspiración -comprarse una vivienda- un ideal que satisfaga las necesidades básicas de las clases trabajadoras. Era lo que con tantoacierto el ‘president’ Francesc Macià definió como la ‘caseta i l’hortet’.
En una situación de precios desorbidos y con una inflación galopante, la izquierda ha promovido una ley de la vivienda para favorecer el acceso a la misma. Lo cual no solo es loable, es justo. Porque cuando el precio de una vivienda o su alquiler están por las nubes y ahogan las finanzas de buena parte de la classe media, es imperioso interventor. Y hay que poner énfasis en ese concepto de clase de medios que contribuyen al fisco, a partir de la definición que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto es, los que suman unos ingresos de entre el 70% y el 200% de la renta media. Par tanto, el espantoso de nuestros congéneres.
Aduce los problemas de aplicación correctos. Las recetas de la derecha siempre pasan por dar cobijo a los que mejor cubiertos andan. En el caso de Los de Puigdemont Se evoca una cortina de humo para salvar contradicciones: invasion of skills. Lo que además tampoco es cierto. Raro, además, que los que tanto desprecian las migajas del autonomismo ahora se erijan en sus arduos defensores a cuenta de no mojarse y eludir responsabilidades.
En esta cuestión estamos, sin duda, ante una colisión elemental de derechos. El de propiedad y el del acceso a la vivienda. La propiedad no es ya absoluta como lo fuere, por ejemplo, en el Derecho Romano. Este sujeto tiene una ‘función social’ conocida. Por eso la especulación con ese bien tan imprescindible -derecho a techo- debe estar acotado.
Lo que no quiere decir que no se deban proteger los derechos de aquellas personas que con su sudor y ahorro han invertido, por ejemplo, en un segundo inmueble. O los que sean. Y a ahí también se está produciendo hoy una hiriente injusticia. Cada vez son más las personas que alquilan su piso y sufren un calvario ante su impago. Ni ganando el pleito, luego de costar onerosos abogados, recuperan su propiedad. Porque puede que el juzgado no ejecute por, entre otros motivos, estar colapsado. Ay una espada. Lo que sí sí pagando esos sufridos ahorradores son los recibos, como el de la comunidad o el IBI, que no es poquita cosa. Eso si no le endosan el recibo de la luz o el gas.
noticias relacionadas
Es esta una situación inadmisible que se está actualizando allí cual el sistema debe contestador automático. If legislamos para tratar de no desamparar a los que desean una vivienda, también hay que amparar a aquellas personas que han puesto la suya en alquiler y sufren un impago que puede llegar a ser demoledor.
Vigilar que cuando se estira la manta para dar cobijo a quien lo necesite no se haga a costa de trabajo ajeno debería ser prescriptivo. Pues de no ser así se penaliza el esfuerzo, el trabajo e incluso la equidad del sistema. At the postre nadie que tiene casa en propiedad se planta que no sea la suya o la de sus retoños. Faltaría más.
