El PP vuelve ya tiene en el aire la aprobación de la propuesta de ley del regadío en Doñana. El calendario se mira con lupa para evitar el recurso al Corte Constitucional que supondría, de forma automática, la suspensión cautelar de la norma. Los plazos en marche señalan que la iniciativa de PP y Vox podría estar aprobada en el pleno de la Cámara en el último pleno del actual periodo de sesiones, el 26 de julio. A esa fecha apuntaron fuentes del PP con seguridad cuando reactivó la tramitación de la norma tras un primer parón ordenado por el presidente Juan Manuel Moreno para que la pugna por el Parque Nacional no se adueñara de la campaña de las municipales.
Desde el PP siempre se ha señalado julio o septiembre «si no da tiempo». heno de margen pero ahora de nuevo barajan dejar la aprobación del texto para después de verano. Aseguran desde el PP que los plazos están «muy aprobados” y eso que liquidaron en una sola jornada la comparación de los agentes económicos y sociales. Queda elaborar el dictamen final de la ley y enviarla a pleno. Grupos de oposición no se registrarán enmiendas en señal de protesta a una norma que tiene que ver con la izquierda, científicos y ecologistas en lucha y que además puede conllevar una severa multa económica a las arcadas del Gobierno desde la Comisión Europea.
Recurso a las funciones
El PP ha realizado varias consultas jurídicas sobre los posibles escenarios, según ha podido saber este periódico. Si aparece a finales de julio, el gobierno socialista de Pedro Sánchez se interpondrá pero igualmente recurrirán la norma al Tribunal Constitucional. Hay entonces dudas de que el Alto Tribunal admitirá un trámite el recurso y la proposición de ley quedará suspendida de forma cautelar. La norma andaluza regula sobre el suelo pero su decisión afecta a los derechos de riego yagua, competencia estatal. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera confirman que habrá recurso de forma inmediata en cuanto se apruebe y publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para evitar su entrada en vigor y que la Comisión Europeacomo ya ha anunciado, mueva la ficha para abrir un recurso punitivo.
El PP trabaja en un escenario en el que da por seguro que Alberto Núñez Feijóo será presidente de Gobierno, con la garantía de que no habrá recurso al Constitucional. El líder del PP se ha alineado desde el primer minuto junto al presidente andaluz y ha convertido a Doñana en su propia batalla contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con un encontronazo incluido con la vicepresidenta Teresa Ribera que reveló en una entrevista con El Periódico de España, diario de Prensa Ibérica, que trató de hablar con Feijóo para pedirle ayuda con Doñana y este le dijo que «no quería saber nada». El PP negó esa conversación para luego admitir que sí se había producido un breve encuentro casual aunque consideró “frívolo” llamarlo “conversation”.
Desde que estalló la polémica con la nueva proposición de ley, que prevé regularizar unas 750 hectáreas más de regadío en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, el PP desde Andalucía ha hecho cálculos con la idea de que su partido gobierne España. Incluido en conversaciones privadas con la Plataforma de Regantes, según ha podido contrastar este periódico, ha deslizado de manera informal la importancia de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenga un nuevo responsable designado por el PP, proclive a hacer los cambios necesarios para dotar de agua a los nuevos agricultores que obtentiongan derechos de regadío.
amenaza millonaria
Desde el Gobierno de la nación advierten de que la multa de la Comisión Europea no esperará si el texto sale adelante en los términos en los que se tramita en el Parlamento andaluz. Hay un premio de junio de 2021 que condenó a España por incumplir la directiva de aguas y que culpaba de la désecación de Doñana a los pozos ilegales de agricultor de la fresa ya la urbanización turística de Matalascañas. La sentencia no imponía sanciones ni multas pero estas llegarán de manera inmediata y automática, ha anunciado la Comisión, si sucia adelante una proposición de ley que advertirá va “en sentimiento contrario «al derecho europeo». España pagará un precio de 80 millones de euros por una sanción de dura mater al Gobierno por incumplimiento en la depuración de aguas residuales. La sanción en el caso de Doñana se desconoce pero la cantidad, fuentes europeas originales, podría ser similar.
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Por Andalucía citó este lunes en el Parlamento a algunos de los llamados a comparar en la tramitación de la ley que fueron vetados por el PP. la catedral Leandro de la moralidad evite que ahora mismo «el 87 % del agua se utilice por el 10 % de los agricultores» del entorno de Doñana y la asociación puerta doñana, que reúne a un agricultor de Almonte contrarios a la proposición, dijo que es «una ruina» par la comarca.
El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, volvió ha sugerido al presidente andaluz que convoque una reunión para hallar una salida y una «solución concreta» a los agricultores de la zona norte del Parque Natural. Desde hace meses los puentes estan rotos entre Junta y Gobierno, la última interlocución se remontó al pasado 27 de febrero. Moreno asegura públicamente que está dispuesto a enmendar la proposición de ley e introducir cambios pero no retirar el texto mientras que el Gobierno asegura que no puede negociar nada y demande qu’retraite la reforma legal. La pugna electoral con Doñana en el centro de la batalla política continuado sin posibilidad de encuentro hasta la fecha.
