El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva a cabo negociaciones abiertas y transparentes con los actores sociales sobre la reforma parcial de pensiones. Los sindicatos observan un estancamiento en la mesa de diálogo social, que también aborda la eliminación de los contratos indefinidos intermitentes, el acceso a la jubilación anticipada para trabajos exigentes o tóxicos y las condiciones para la jubilación antes de alcanzar la edad legal.
La jubilación parcial anticipada, que permite una transición paulatina al mercado laboral y la compatibilidad del salario con un porcentaje de la pensión, es uno de los puntos de conflicto. El gobierno propone un requisito polémico: aumentar el período de cotización de 33 a 34 años para acceder a esta modalidad temprana, que no cuenta con apoyo sindical.
Los sindicatos argumentan que esta medida penaliza a los trabajadores, especialmente a las mujeres, que tienden a tener bases regulatorias más bajas o ingresaron más tarde al mercado laboral. También se considera la jubilación anticipada por motivos profesionales para aquellos trabajadores que desempeñan trabajos especialmente exigentes, peligrosos o tóxicos, sin posibilidad de traslado. La definición de los coeficientes reductores para estos casos aún está en debate, y se debate si los conductores profesionales o las empleadas domésticas (conocidas como «kellys») podrían beneficiarse de esta reforma.
Existe un acuerdo general para facilitar el acceso a la pensión a los trabajadores con contrato intermitente e indefinido que tengan actividad periódica o intermitente en sectores como la hostelería o el turismo. El Gobierno se ha comprometido a restablecer el coeficiente 1,5 para estos trabajadores, lo que significa que cada día trabajado contará como uno y medio.
Carlos Bravo, representante de CCOO, afirmó que hay signos de preocupación y anticipación en las negociaciones. «Por el momento, tanto los elementos de progreso como las preocupaciones nos hacen cuestionar si esta cuestión (en referencia a un acuerdo antes del 31 de julio) se puede resolver, pero continuaremos trabajando en ello en los próximos días para ver si se puede llegar a un acuerdo». «. conseguido», afirmó Bravo, secretario de Política Social de CCOO.
El Departamento de Pensiones proporcionó información oral y escrita a los interesados. En la última reunión presentó algunos textos y se comprometió a enviar a los agentes sociales un borrador completo. «Estamos revisando punto por punto (…) y hemos sido convocados a una nueva reunión el próximo lunes 29 de julio», afirmó Cristina Estévez, secretaria de política institucional de UGT.
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