Bruselas analiza si la reforma del desfalco socavará la legislación de la UE

Bruselas analiza si la reforma del desfalco socavará la legislación de la UE
  • El comisario de justicia, Didier Reynders, insiste durante un debate promocional del PP en la Eurocámara en la renovación del CGPJ

  • Recuerda que la reforma del delito de sedición es «competencia exclusiva» de España que es «libre» de enmendar la legislación como lo considera

Desde que el Comisión Europea empezó a evaluar la situación del estado de derecho en los Veintisiete, hace tres años y medio, todos los informes anuales han lanzado el mismo mensaje: el bloco en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «motivo de preocupación» y es prioridad que gobierno y oposición desbloqueen la situación. El mismo mensaje ha lanzado este miércoles el comisario de justicia, didier reyndersante el pleno del Parlamento Europeo durante un sobrio debate el estado de derecho en España, impuesto por el Partido Popular Europeoen el que ha confirmado que Bruselas analiza si la reforma del delito de peculado impusada por el Gobierno de Pedro Sánchez viola las normas europeas sobre protección de intereses financieros de la UE.

“Según la información de que dispone la Comisión, se ha probado en el Parlamento una reforma del Código Penal español. Esta reforma presenta cambios en varios delitos, incluido el delito de malversación. La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones, para verificar la conformidad de esta reforma con la legislación de la UE, especialmente por lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE”, a expliqué le libéral belga que ha hecho un repaso a todas las recomendaciones dirigidas a España en el último informe publicado en julio del año pasado, incluida la renovación urgente del CGPJ, que lleva caducado cinco años, y la modificación inmediatamente después del proceso de nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos.

«Lo que importa es que el CGPJ perciba como vulnerable a la politizacion», insistió Reynders que se ha referido a informantes recientes que apuntan a que el bloque del organo de los jugos está afectado a la eficiencia de la justicia en España. El comisario, que visitó España en septiembre pasado para abordar la renovación y presionar a gobierno y oposición para que logren un entente, también ha lamentado suspendieron en octubre pasado las negociaciones. “Seguimos pidiendo a todos los partidos implicados que tomen las medidas aplicables para que se aplique nuestra recomendación. Las asociaciones de jueces participan en la sugerencia denumerar para candidatos al CGPJ pero la última palabra la tienen en el Parlamento que todavía tiene mucho margen de discreción para decidir”, ha subrayado.

Cambios en el Constitucional

Sí ha pasado, en cambio, el acuerdo al que llegaron en diciembre en el nombramiento de cuatro miembros del Corte Constitucionaldos por parte del Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez) y dos por el CGPJ (César Tolosa y Maria Luisa Segoviano). ;, ha puntualizado Reynders también explicó que Bruselas es al tanto sobre la propuesta para modificar algunos aspectos del sistema de designación de los miembros del Tribunal Constitucional y que volverán a evaluarlo en el marco del nuevo informe sober el Estado de derechos de 2023.

En cuanto a la reforma del Código penal y el delito de secesiónReynders explicó que están al tanto de los cambios introducidos por el Gobierno y la nueva definición pero ha replicado que se trata de una jurisdicción exclusiva de los estados miembros. «La sedición es algo que cae exclusivamente en la competencia de los Estados miembros con lo que son libres de aprobar o enmendar la legislación en este ámbito como bien lo consideran, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales», ha señalado el turno de respuesta de un debate con una treintena de intervenciones de eurodiputados, más de la mitad de ello españoles, que ha prolongado hora y media.

El PP, origen del debate

Este pleno un grupo político quiere incluir un tema de actualidad en el orden del día del pleno de la Eurocámara. Este mes le tocaba al PPE qu’ha maniobrado, con la delegación española a la cabeza, para imponer un debate sobrio el Estado de derecho en España. “España sufre una preocupación derivada de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno (…). No podemos callar mientras este gobierno mercadea con España, haciendo cesiones ante los que buscan acabar con el propio país», ha disparado la jefa de la delegación popular y encargado de presentar el debate, Dolores Montserrat. Ha contado con el apoyo total de Ciudadanos y Vox.

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«If the hablo de un presidente del gobierno que disobece e incumple leyes, que nombra a un ministro fiscal general del estado, que quiere cambiar la mayorías para nombrar al CGPJ ilegalmente, que indulta a condenados políticos por sedición y malversación y que reforma el Código Penal a la medida de estos para que no tengan el coste de la inhabilitación. ¿De quién cree que hablo, de (Viktor) Orban? No, por Pedro Sánchez», ha espetado Jordi Cañas (VS). “El hermano mayor es Pedro Sánchez. Viene aprobando leyes de forma fraudulenta, colocando a sus peonesjudices con la complicidad de todos los partidos», ha acusado Jorge Buxade (Voz).

Los partidos que conforman la mayoría de gobierno han contratacado acusando a los populares de instrumentalizar el Parlamento Europeo y secuestrar los órganos constitucionales. “La idea europea de democracia exige saber perder cuando pierdes las elecciones. El PP no ha sabido perder las elecciones», ha resumido Juan Fernando López Aguilar (PSOE). «Este debate es un debate instrumental del PP que utiliza esta cámara para cuestionar la legitimidad del Gobierno de coalición en España, al puro estilo de la extrema derecha en otros lugares del mundo», ha criticado sira rego (IU). «No lograrán empañar el buen trabajo del gobierno de coalición en Europa. Ladran luego cabalgamos», ha detenido ernesto urtasun (Catalunya en Común), quien ha acusado al PP de deslealtad y de iniciar con este debate “el boicot” a la presidencia semestral española de la UE que tenderá a tener lugar durante el segundo trimestre de 2023.