Un mercado de carbono es un mecanismo económico diseñado para poner un precio al dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI) con el objetivo de incentivar la reducción de emisiones. En esencia, transforma emisiones en un bien comerciable: derechos para emitir (en mercados regulados) o créditos que certifican reducciones o secuestros de carbono (en mercados voluntarios). La lógica es simple: cuando emitir cuesta dinero, empresas y gobiernos tienen un incentivo financiero para invertir en eficiencia, energías limpias y protección o restauración de sumideros naturales.
Cómo funciona (mecanismos básicos)
- Sistema de tope y comercio: el regulador establece un límite global de emisiones y reparte o subasta permisos, que pueden ser transferidos entre empresas; aquellas que generen menos emisiones ofrecen sus permisos a quienes superen sus propios niveles. Con el paso del tiempo, el tope se reduce para garantizar una menor cantidad de emisiones totales.
- Mecanismo de cuotas o límites con ajustes: puede adaptarse según el sector e incluye asignaciones gratuitas destinadas a prevenir la fuga de industrias con alta intensidad de carbono.
- Sistemas de crédito (baseline-and-credit): cuando un proyecto logra disminuir emisiones por debajo de una línea base, obtiene créditos comercializables; estos se aplican en mercados voluntarios y, en ocasiones, también en esquemas regulados.
- Comercio internacional de resultados: contemplado en el Acuerdo de París (Artículo 6), autoriza a los países a adquirir resultados de mitigación generados en otros territorios, siempre que se realicen ajustes contables que impidan la doble contabilización.
Tipos de mercados
- Mercados de cumplimiento (regulados): instaurados por autoridades gubernamentales para actividades concretas del sector energético e industrial; incluyen el sistema europeo de comercio de emisiones, los mercados estatales en Estados Unidos y el sistema nacional de China.
- Mercado voluntario: empresas, entidades u particulares adquieren créditos de forma voluntaria con el fin de equilibrar sus emisiones o acreditar neutralidad, e integra iniciativas forestales, programas de eficiencia energética, tecnologías de captura y almacenamiento, entre otras alternativas.
Muestras e información significativa
El sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS) comenzó en 2005. Tras años de precios bajos, la reforma y restricciones en la oferta llevaron los precios a niveles mucho más altos en la década de 2020, superando en varios momentos los 80–100 euros por tonelada de CO2.
El mercado nacional de China comenzó a operar en 2021, al principio centrado en el ámbito eléctrico; sus precios arrancaron en niveles moderados, de apenas unos pocos dólares por tonelada, y se prevé que su impacto aumente conforme se extienda su cobertura.
Sistemas regionales como California o RGGI (noreste de Estados Unidos) han establecido precios que, por lo general, se han mantenido por debajo de los europeos, aunque presentan enfoques diferentes en cuanto a la asignación y el destino de los ingresos.
Los mercados voluntarios han vivido una expansión acelerada: gestionan miles de millones de dólares y comercializan decenas de millones de créditos cada año, aunque el valor por crédito varía considerablemente, desde apenas unos dólares hasta varias decenas o incluso cientos, dependiendo de su calidad y categoría.
Las emisiones globales de CO2 derivadas del uso de combustibles fósiles se situaban en varias decenas de gigatoneladas al año (por ejemplo, cerca de 36 GtCO2 en los periodos anteriores a la pandemia), y los mecanismos de fijación de precios abarcaban una fracción relevante aunque todavía minoritaria de dicho volumen.
Por qué genera polémica
- Integridad ambiental de los créditos: se plantean inquietudes sobre si numerosas reducciones certificadas resultan auténticas y realmente adicionales. Adicionalidad implica que la disminución no ocurriría sin la financiación del crédito; demostrarlo suele ser complejo. Algunos proyectos cuestionados han emitido créditos por recortes que habrían sucedido igualmente.
- Permanencia: en particular dentro de iniciativas forestales y de manejo de tierras, el carbono capturado puede liberarse por incendios, plagas o cambios en el uso del suelo, lo que compromete la estabilidad de la compensación.
- Fuga de emisiones: cuando actividades altamente emisoras se desplazan a zonas sin precios de carbono, las reducciones logradas localmente podrían no traducirse en una disminución global.
- Doble contabilización: en ausencia de sistemas contables fiables entre países o actores, una misma reducción puede ser atribuida tanto al comprador como al vendedor, afectando la coherencia global de los compromisos climáticos.
- Desigualdades y derechos humanos: ciertos proyectos, sobre todo en territorios comunitarios o indígenas, se han vinculado a desalojos, limitaciones de acceso a recursos o falta de consulta previa, generando tensiones sociales y dilemas éticos.
- Greenwashing corporativo: hay empresas que proclaman objetivos de “neutralidad” sustentados mayormente en la compra de créditos en vez de reducciones internas significativas, lo que puede atrasar transformaciones reales hacia menores emisiones netas.
- Precios insuficientes y volatilidad: valores de carbono demasiado bajos no promueven una descarbonización profunda; en contraste, niveles elevados y fluctuantes pueden generar incertidumbre para invertir en tecnologías limpias.
- Diseño regulatorio y rentas inesperadas: asignaciones gratuitas o fallas de diseño han producido ganancias considerables para ciertos sectores sin disminuir emisiones, como beneficios imprevistos para empresas que reciben permisos y aumentan precios al consumidor.
- Commodificación de la naturaleza: existe una crítica ética y filosófica sobre convertir bosques, suelos y prácticas tradicionales en bienes transables, con posibles impactos sobre la biodiversidad y los modos de vida locales.
Ejemplos representativos
- El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) asociado al Protocolo de Kioto recibió críticas por iniciativas cuyos créditos presentaban escasa adicionalidad; entre ellas destacaron casos vinculados a gases industriales que generaron un exceso de créditos y un desplome en los precios.
- Los proyectos de reducción de emisiones en bosques (REDD+ y otros) han ofrecido resultados variados: algunos han logrado conservar amplias extensiones y aportar ingresos a comunidades locales, mientras que otros fueron cuestionados por vulnerar derechos territoriales y por el riesgo de reversión, ya sea por incendios o tala.
- En ciertos mercados regulados, la entrega inicial de permisos gratuitos favoreció a sectores con alto uso de carbono y trasladó costes indirectos a los consumidores finales, lo que generó discusiones sobre justicia y diseño de políticas.
Acciones y soluciones orientadas a fortalecer la credibilidad
- Mejorar métricas y verificación: estándares más estrictos de medición, reporte y verificación (MRV) y mayor transparencia en metodologías.
- Reglas de adicionalidad y permanencia: criterios más exigentes y reservas que cubran riesgos de reversión en proyectos naturales.
- Ajustes contables entre países: para evitar doble contabilización en intercambios internacionales, conforme a lo acordado en el marco del Acuerdo de París.
- Enfoque en reducción interna: políticas que prioricen reducciones reales en la fuente y limiten el uso de créditos para cubrir objetivos climáticos básicos.
- Protección de derechos y participación: incluir salvaguardas para comunidades locales e indígenas, con consultas y beneficios equitativos.
- Estándares de integridad: iniciativas de mercado voluntario han propuesto principios y listas de créditos “de alta integridad” para orientar compras corporativas responsables.
Los mercados de carbono son herramientas poderosas que pueden ayudar a reducir emisiones de forma coste-eficiente, pero su eficacia depende del diseño institucional, la calidad técnica de los créditos y la gobernanza social que los rodea. Sin normas estrictas, transparencia y protección de derechos, corren el riesgo de convertirse en mecanismos que perpetúan emisiones, generan injusticias y retrasan las transformaciones necesarias. Al mismo tiempo, bien regulados y complementados con políticas públicas ambiciosas, pueden facilitar inversiones en energías limpias y en la conservación de paisajes, siempre que la prioridad sea la reducción real y permanente de gases de efecto invernadero y la justicia climática.