El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles de México, con $90.6 millones por prácticas que restringen la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores para bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT precisó que Telcel brinda descuentos y beneficios a ciertos canales de distribución y condiciona la venta de paquetes de telefonía móvil a que no se hayan comercializado productos de otras empresas competidoras. El regulador señala que esta estrategia ha perjudicado los derechos de los consumidores al limitar su elección entre diferentes opciones de servicios de telefonía móvil.
La investigación que derivó en esta sanción comenzó en enero de 2021 y culminó con un Informe de Responsabilidad Probable a fines del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta resolución y defenderse en procesos judiciales.
América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, anunció su intención de apelar la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa negó las acusaciones y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la investigación, argumentando que los reclamos en su contra se basaron en declaraciones hechas por un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector de telefonía móvil en México, operando aproximadamente el 58.7% de los 142.7 millones de líneas móviles registradas en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ventas por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT enfatizó la importancia de los organismos reguladores para garantizar un mercado competitivo. Esta sanción subraya el papel clave que desempeñan estas entidades en la promoción de condiciones de libre competencia en México, especialmente en el contexto de las discusiones sobre una posible reforma destinada a abolir los organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representan un costo innecesario para el gobierno. Según el presidente, estas entidades no están cumpliendo suficientemente con su objeto, habiendo recibido más de 32.313 millones de pesos desde su creación.
La posible eliminación del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría significar un revés para las industrias reguladas y afectar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los impulsores de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó el reglamento en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o terminación del IFT dependerá de la próxima asamblea legislativa, que inició sus trabajos el 1 de septiembre. Con una mayoría calificada asegurada por el partido gobernante, la situación del IFT y otros organismos autónomos se encuentra en un punto crítico.
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