La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, cerró con un sabor agridulce. Lo que pretendía ser una oportunidad histórica para redefinir las reglas del sistema financiero internacional y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible terminó con un documento final que ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, que lamentan su falta de ambición, claridad y voluntad política real.
El documento llamado «Compromiso de Sevilla» recibió el visto bueno de la mayoría de las naciones participantes; sin embargo, no contó con el apoyo de algunas potencias importantes, como Estados Unidos, cuya falta de respaldo influyó en el tono de las discusiones. Según las ONG, el texto no proporciona las soluciones fundamentales necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni representa un avance sólido en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso podría intensificar la desigualdad mundial.
En los días anteriores al evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se congregaron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. En ese espacio, se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, independiente y legalmente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando la participación justa de naciones deudoras y acreedoras, y evitando que los ajustes afecten de manera desproporcionada a los más vulnerables. No obstante, el documento aprobado solo señala, de manera imprecisa, la apertura de un proceso de discusión dentro de la ONU sobre el asunto, sin compromisos específicos ni fechas establecidas.
De acuerdo con portavoces de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas decisivas en esta cuestión. Más de 60 naciones actualmente asignan más del 10 % de su presupuesto gubernamental al pago de la deuda, sobrepasando lo que destinan a la salud y educación, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen poco claros, lentos y controlados por entidades con poca representatividad.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se pronostica otro descenso este año, empeorado por los recortes anunciados por varios países donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia incide directamente en programas vitales como la inmunización infantil, la protección de personas refugiadas, y el acceso a educación y salud para mujeres y comunidades vulnerables. El Compromiso de Sevilla no incorpora medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB comprometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque algunos expertos destacan avances en la propuesta de triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo y el apoyo a iniciativas fiscales globales, las organizaciones sociales insisten en que esas medidas resultan insuficientes si no se acompañan de una reforma profunda de las reglas que rigen la economía internacional. Denuncian además que muchos países ricos mantienen un doble discurso: por un lado, prometen cooperación; por otro, recortan presupuestos y aumentan el gasto militar.
La falta de participación de Estados Unidos fue vista por ciertos actores como una ocasión para que otras potencias, como la Unión Europea o China, asumieran el liderazgo en la revisión del sistema. No obstante, esta ausencia también privó al evento de uno de sus mayores financiadores y actores influyentes, lo cual redujo el impacto político de la reunión.
Las ONG coinciden en que la conferencia de Sevilla tuvo elementos positivos, como el reconocimiento de la necesidad de vincular el financiamiento al desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero critican la falta de herramientas concretas para garantizar su implementación. También reclaman que la participación de la sociedad civil sea más vinculante en futuros encuentros, y no solo testimonial.
Con la Agenda 2030 en riesgo y una deuda mundial creciente, la comunidad internacional tuvo en Sevilla un momento para ajustar las normas del juego. No obstante, el desenlace ofreció más incógnitas que soluciones. Para los activistas, el auténtico compromiso no se evalúa a través de declaraciones diplomáticas, sino mediante decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades pasadas y aseguren el derecho al desarrollo para todos los países. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según palabras de los mismos participantes, buenas intenciones sin efecto tangible.
