IEl proceso legislativo que condujo a la aprobación de la ley de 14 de abril de 2023 de reforma de las pensiones suscitó numerosas y, en ocasiones, violentas críticas. Sin embargo, a juicio del Consejo Constitucional, el texto fue adoptado y promulgado en cumplimiento de las condiciones impuestas por la Constitución. Si uno puede preguntarse sobre la perfecta conformidad de este proceso con el espíritu de los textos, parece ajustarse a su letra.
En este sentido, las críticas dirigidas al Consejo Constitucional son infundadas. Debe recordarse que tenía, inicialmente, solo prerrogativas limitadas. Gradualmente, gracias en particular a la calidad de sus decisiones, ha establecido su autoridad. Pero es loable que no haya querido, censurando el procedimiento legislativo, reconocer un poder que no era reconocido por el constituyente. No tiene, como las Cortes Supremas de los países de cley común, un poder para crear la norma. Su misión es controlar la conformidad de los textos a una Constitución escrita. Evidentemente tiene, en el marco de esta misión, el margen de maniobra que le confieren textos como la Declaración de 1789. Pero su poder queda enmarcado en la Constitución.
Nos limitaremos a señalar que, contrariamente a lo que a veces se argumenta, recurrir al procedimiento previsto en el artículo 49.3 de la Constitución prohíbe considerar que el texto ha sido votado por la Asamblea Nacional: debido a la moción de censura presentada, la los diputados no decidían únicamente sobre la base de los efectos y cuestiones de la ley. Consideraron los resultados, difíciles de anticipar, que probablemente producirían las nuevas elecciones sobre la composición de la Asamblea Nacional.
Para el pensamiento
Sin embargo, el número y la violencia de las reacciones que se han suscitado nos animan a no contentarnos con estas conclusiones. De hecho, las reacciones a la adopción de esta reforma llevan el germen de la desconfianza hacia las instituciones que participaron en este proceso. O bien, esta observación no es neutral. No se puede contar con que los ciudadanos olvidarán sus penas. Muy a menudo, la ira no desaparece por completo y reaparece en otra ocasión, tanto más violentamente cuanto que no habrá sido escuchada. En particular, puede expresarse mediante un voto de protesta.
O bien, la democracia nunca se adquiere y debe, siempre, ser protegida. Una de las condiciones para su buen funcionamiento radica en el apoyo de los ciudadanos. Cada uno no acepta delegar parte de su soberanía porque considera que su voluntad es tenida en cuenta y respetada por las instituciones. Por el contrario, el sentimiento de no tener ninguna influencia en las decisiones de los poderes públicos puede generar violencia, porque a veces es el recurso de quienes creen que ya no tienen un medio legal y pacífico para hacerse oír.
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