La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha remitido una carta a la Fiscalía General del Estado en lo que exige que se depuren responsabilidades y, en concreto, se mueva, a los responsables de la investigación penal y de la ley disciplinaria abrirá al fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota tras discrepar de su superior, el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonsoen relación con el computo de prescripción de los crímenes de ETA.
El colectivo, minoritario en la carrera, pero con representación en el Consejo Fiscal -órgano asesor del fiscal general del Estado-, escucha que esta investigación es en realidad «prácticas intimidatorias» que pretenden restringir la divergencia con los superiores y limitar el derecho a la información de los ciudadanos.
González Mota, quien impugnó la jefatura fiscal de la Audiencia Nacional a Alonso, quien terminó siendo renovado en el cargo, fue el fiscal adcrito a las causas abiertas en los últimos meses líderes contrarios etarras por distintos intentosentre ellos, el del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. Su criterio consistía en que los 20 años de prescripción previstos antes de la reforma legal que se consideraban imprescriptibles los de terrorismo debían computarse desde el momento en que el presunto responsable había sido detenido, al menos en el momento en contraban las actuaciones.
Tanto su jefe como desde Fiscalía General el criterio entonces era el opuesto, partidario del archivo de las diligencias abiertas a dos de los jefes de ETA por prescripción. González Mota se negó. El as desacuerdos entre el fiscal y sus superiores se dieron a conocer al informar ‘El Mundo’ de correos electronicos internos en los que se daban a conocer los distintos puntos de vista.
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Es responsable ante González Mota de ser quien había facilitado los correos y se le abrió una investigación penal por revelación de secretos ante el Tribunal Supremo que terminó archivado por no ser los hechos constitutivos de delito, según informó Apif. A continuación, hubo un expediente disciplinario que corrigió la mala suerte al oír al promotor de la acción disciplinaria, manuel moixque la acusación se basó en «meras conjeturas y sospechas».
Para la asociación, «el sarcasmo del asunto lo encontramos en las palabras» del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el Senado, el pasado 16 de febrero, cuando defendió «lo contrario de lo que se había acordado con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de manera que, ahora se dice, si la Fiscalía se manifestará ‘anticipadamente’ sobre el asunto, podría impedir el derecho de las victimas a conocer la verdad«. La Junta de Fiscales prevista este jueves en el Supremo tiene precisamente que pronunciarse sur la prescripción de los delitos de ETA.
